The 5-Second Trick For Extradición México España
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A los fines de la aplicación de este Tratado, el homicidio u otro delito contra la vida, la integridad física o la libertad de un Jefe de Estado o de Gobierno o de un miembro de su familia no será considerado como delito político.
Extradición pasiva: se trata del acto a través del cual un estado entrega a otro a la persona sobre la que se solicitó la extradición.
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La PGR es la que debe conocer de conformidad a lo establecido en nuestra Constitución Política, pues es la facultada para intervenir en los procedimientos de extradición.
La defensa de la letrada se basa principalmente en que no cometió el delito, alegando que que ella es solamente una víctima “ingenua”.
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Se accederá a ella si el detenido presta su consentimiento y si la Parte requerida estima Extradición México España que no existen consideraciones importantes que se opongan al traslado.
La extradición no será concedida si el individuo ha sido ya juzgado por las autoridades de la Parte requerida por los navigate here mismos hechos que originaron la solicitud.
Ello salvo que el tratado vigente con el Estado en el que se encuentre la persona investigada pueda solicitar directamente la extradición al Tribunal o juez que conoce de la causa.
Nisman currentó una denuncia judicial, basada en escuchas realizadas por agentes de inteligencia argentinos, que afirmaba que el pacto con Irán buscaba el levantamiento de las notificaciones rojas de Interpol.
El cumplimiento de una solicitud de asistencia se llevará a cabo conforme a la legislación de la Parte requerida, ateniéndose a las diligencias solicitadas expresamente.
three. Si se concede la extradición, las Partes se pondrán de acuerdo para realizar la entrega del reclamado, que deberá llevarse a efecto dentro de Source los sesenta días siguientes a la fecha en que la Parte requirente haya recibido la comunicación a que se refiere el apartado one.
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b) Unique o copia auténtica de sentencia condenatoria, orden de aprehensión, vehicle de prisión o cualquier otra resolución judicial que tenga la misma fuerza según la legislación de la parte requirente y de la que se desprenda la existencia del delito y los indicios racionales de su comisión por el reclamado.